El miércoles 16 de noviembre, el Congreso de la República promulgó en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley N° 31622, ley que modifica los artículos 308-D y 309 del Código Penal, con la finalidad de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales (Ley N° 31622). De manera particular, la referida ley dispone, entre otros puntos, que la extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas es un delito que puede ser investigado y juzgado bajo la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado y la pena privativa de libertad y que en estos casos podría ser no menor de once, ni mayor de veinte años.
Como es de público conocimiento, la Ley N° 31622 ha generado un descontento en gran parte de los pescadores artesanales al punto que se promovió un paro el 22 de noviembre de 2022 en la ciudad de Piura. En consecuencia, se paralizó esta importante actividad económica y con ello, un déficit en ingresos para la región.
El problema social antes descrito, ha generado que el Congreso de la República evalúe la derogatoria de la Ley N° 31622 a fin de evitar mayores contingencias.
En SONAPESCAL somos respetuosos y trabajamos por una pesca sostenible que vaya de la mano con un adecuado marco legal. Por tanto, manifestamos nuestra opinión al respecto. La Ley N° 31622 no debería ser derogada dado que persigue un fin legítimo que busca combatir el crimen organizado contra las especies acuáticas, pero sí coincidimos en que la misma debería ser modificada y matizar su ámbito de aplicación en el extremo de que no debería aplicar a los armadores artesanales que se encuentran de manera legítima en los procesos de formalización de la Ley del Siforpa II y del Régimen de Cooperativas.
Además, para combatir las actuaciones ilegales en el sector pesquero artesanal es necesario que el Ministerio de la Producción cuente con fiscalizadores debidamente capacitados en el manejo del ordenamiento jurídico pesquero a fin de evitar manifiestas arbitrariedades contra el armador artesanal.
Finalmente, hacemos un llamado de atención para que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República genere espacios de participación ciudadana en todo tipo de normas jurídicas que tengan impacto en el sector pesquero artesanal a fin de volver a evitar estos problemas sociales que generan mucho daño al desarrollo del país.
Elsa Vega Pardo
Presidenta
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